Dos entidades del sector, la Junep y Aiebpa, le platearon al Gobierno nacional que "están dadas las condiciones de evaluar nuevamente la ampliación del programa, en su alcance temporal e institucional".
La Junta Nacional de Educación Privada (Junep) y la Asociación de Institutos Privados de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) elevaron una solicitud a la Secretaría de Educación de La Nación, solicitando la posible expansión del Programa de Vouchers Educativos, con el objetivo llegar a un mayor número de familias que podrían beneficiarse de esta iniciativa gubernamental.
El programa, introducido mediante la Resolución 61/2024, fue diseñado para asistir a las familias que optan por la educación privada para sus hijos. Esta resolución estableció una serie de condiciones, entre las que se incluía que las escuelas privadas recibieran un aporte estatal que variaba entre el 75% y el 100%. Sin embargo, recientemente reveló que solo la mitad de las instituciones incluidas en esta iniciativa pudieron acceder al beneficio.
En un comunicado conjunto, Junep y Aiepba argumentan la necesidad de ampliar el programa tanto para aquellas escuelas privadas que reciben un aporte estatal por debajo de los porcentajes mencionados, como para aquellas que no reciben ningún tipo de apoyo, pero cuyas comunidades requieren asistencia a través de este programa.
“En esta etapa, en la que ya se han establecido las familias efectivamente adherentes al programa y se está en condiciones de determinar el grado de ejecución de la partida presupuestada; creemos que están dadas las condiciones de evaluar nuevamente la ampliación del programa, en su alcance temporal e institucional”, señala el comunicado.
Las entidades que representan a más de 4.000 institutos de enseñanza en todo el país han expresado que han recibido numerosas solicitudes de escuelas que desean ser incluidas en el programa, y que están dispuestas a proporcionar los listados correspondientes a las autoridades competentes.
Por último, las autoridades del sistema educativo privado destacan la importancia de esta política gubernamental, que beneficia a un sector de la sociedad que realiza “un gran esfuerzo” para mantener la matrícula en el proyecto educativo elegido para sus hijos. Además, resaltan el impacto positivo que esto tiene en las instituciones de gestión privada del país, que representan casi el 30% del total de alumnos argentinos.